El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, reconoció que los juzgados familiares están en crisis porque no se ha invertido lo suficiente en muchos años a pesar de ser los que mayor carga de trabajo tienen, pues atienden 45 por ciento del total de casos que llegan al Tribunal Superior de Justicia.
Las cifras del PJEM indican que en 2024 se radicaron 291 mil 031 asuntos, de los cuales lograron concluir 80.8 por ciento, un porcentaje menor al que tuvieron en 2022, cuando llegaron a 85.8% y al 2023 con 84.8 por ciento.
De los asuntos iniciados en Primera Instancia, la región que más atendió fue Texcoco con 86 mil 395, seguido de Toluca con 80 mil 692, Tlalnepantla 78 mil 207 y Ecatepec 45 mil 737. Del total sobresalen los asuntos en materia familiar, con la mayor demanda en todas las regiones, donde sumaron 132 mil 303 asuntos.
El resto es del área penal, civil, mercantil, laboral, donde en términos generales hay una eficiencia terminal de 80 por ciento “debido principalmente a una combinación de factores contextuales y organizaciones; es decir existe una mayor demanda de justicia por el incremento de conflictos en todas las materias, y existe, además, una sobrecarga laboral del personal jurisdiccional, lo que impacta en el incremento de rezago social y en el tiempo promedio de resolución”.
En el diagnóstico del Plan de Desarrollo de esta administración se indica que la descompensación entre la demanda social y la capacidad institucional puede atenderse reforzando factores como la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la plantilla, el impulso de la justicia alternativa y la reorganización de cargas laborales, entre otros.
El magistrado abundó que a través de las audiencias ciudadanas, se han percatado que el motivo de crisis son los juzgados familiares. “Tenemos una crisis sistemática donde no hay los suficientes peritos, donde las audiencias se retrasan mucho, donde el tema de la familia es muy sensible en la sociedad”.
Habrá inversiones
El presidente del PJEM explicó que esto se debe a que históricamente se ha invertido más en el sistema de justicia penal, dada la reforma de 2011 y para el tema familiar sólo se hicieron ajustes, pero sin recursos para su implementación, pese a la importancia de estos casos, de la justicia social, donde no puede haber ganador ni perdedor, donde se reconstruye el tejido social.
Ante este escenario van a contratar más personal, a invertir más en tecnología y destinar, en general, más recursos. La cantidad que necesitan está por definirse con el Órgano de Administración Judicial.
Lo que es un hecho, refirió, es que los cambios deben reflejarse, por el tiempo tan corto de la administración, a fines de este año. Ya tuvieron la primera reunión con las y los jueces, ya van a establecer un Plan Integral con base en los lineamientos del propio Plan de Desarrollo, para establecer acciones concretas de contratación de personal, creación de juzgados, rehabilitación de espacios, un sistema integral de justicia familiar y que participen todos y todas.
“La inversión depende del Órgano de Administración Judicial, apenas acaba de aterrizar el presupuesto y el área de finanzas está haciendo las proyecciones para cuando tenga los datos concretos. Este viernes se reúnen para ver las proyecciones de gastos y de inversión”.
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