El gobierno mexiquense tuvo que reintegrar a la Tesorería de la Federación 4.2 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó recursos que no se ejercieron y pagos a trabajadores que ya habían fallecido o que habían sido dados de baja.

Lo anterior, es parte de los resultados que arrojó la auditoría de cumplimiento número 850, que forma parte de la segunda entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2024.

La ASF informó que, mediante las nóminas federales y estatales de ese fondo, se realizaron pagos por 290 mil pesos a trabajadores reportados como decesos por la Secretaría de Salud durante el pasado ejercicio fiscal.

Además, pagos por 60 mil 266 pesos a personas que causaron baja de la dependencia, y recursos y rendimientos no ejercidos del FONE por 3.8 millones de pesos.

Las dependencias que realizaron los pagos improcedentes fueron: la Secretaría de Finanzas a cuenta y orden de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; y los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

Por lo tanto, se determinó que, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de México infringió la normativa, principalmente en materia del Código Fiscal de La Federación, de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Educación. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.

Recursos pendientes por aclarar

Como resultado de la fiscalización al Gobierno del Estado de México, correspondiente al gasto federalizado del ejercicio fiscal 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recuperó 108.5 millones de pesos.

El gobierno estatal aún tiene pendientes por aclarar 17.9 millones de pesos por presuntas irregularidades detectadas en la gestión financiera del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA).

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