MUNICIPIOS EN CRISIS
La pandemia generada por el Covid-19 ha traído problemas económicos en todos los ámbitos, y los municipios no son la excepción.
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, informó que unos 40 ayuntamientos están solicitando más tiempo para pagar cuotas y aportaciones al ISSEMyM.
Además, 25 solicitaron autorización para contratar deudas de 300 mil a 600 millones de pesos o buscan refinanciar los compromisos financieros que ya tienen, por lo cual la Legislatura analiza la posibilidad de monetizar los activos o hacer un refinanciamiento colectivo con la banca de desarrollo.
Entre quienes ya formalizaron las peticiones están Atizapán de Zaragoza, Toluca, Metepec, Ecatepec, Atlacomulco, Cuautitlán México, Tultitlán, Valle de Chalco, Tecámac, Tepetlaoxtoc, Atenco, Papalotla, Tezoyuca, pero podrían llegar más.
Las demarcaciones sufren por la baja de recursos, pues ante la parálisis financiera, el cierre de negocios y la pérdida de empleos han disminuido las contribuciones, por lo cual, tienen menos recursos.
A la par, las participaciones han disminuido; por ello, los municipios han acudido a los diputados locales, en busca de algún apoyo que les permita obtener recursos para salir de esta crisis, que también los ha llevado a despedir personal.
Varios municipios como Toluca y Almoloya de Juárez, Xonacatlán entre otros han recortado personal o han disminuido los salarios de los trabajadores para mantener su plantilla.
Tanto la Secretaría de Finanzas, como los legisladores buscarán cómo apoyar a los municipios mexiquenses, pero es un hecho que los ediles también deberán instrumentar acciones de austeridad, evitar gastos ceremoniales y otros no esenciales.
URGE GARANTIZAR VIABILIDAD DEL ISSEMyM
El anuncio de que algunos municipios buscan mayores plazos para pagar cuotas y aportaciones al ISSEMyM debe encender los focos rojos para evitar que se ponga en riesgo la viabilidad de ese organismo.
Mucho se ha peleado para que los diferentes entes cumplan con sus obligaciones con el ISSEMyM, por lo cual no sería viable aceptar prórrogas que después se vuelvan deudas impagables, en perjuicio de la institución que en estos momentos requiere más recursos para ofrecer servicios de calidad y garantizar el abasto de medicamentos.
Los diputados incluso tienen pendiente de analizar iniciativas para sancionar a quienes retengan las cuotas de los trabajadores y no las enteren al ISSEMYM.
El Instituto ha sido señalado por falta de medicamentos, por deficientes servicios y es necesario garantizar que a partir de que se han establecido algunos convenios, para que se paguen las deudas, se garantice que no habrá flexibilidad para generar nuevos pasivos.
El sistema de pensiones está en riesgo y es urgente priorizarlo. Será una tarea importante para autoridades y diputados.
JUSTICIA EN ENTREDICHO
La detención de la activista y defensora de Derechos Humanos Kenia Hernández puso en el ojo del huracán a las autoridades mexiquenses.
El 6 de junio fue detenida por policías ministeriales y estatales, acusada del delito de robo con violencia, aunque su defensa señala distintas irregularidades, como el hecho de que no le mostraron la orden de aprehensión al detenerla y que no hay pruebas contundentes que demuestren que ella cometió ese ilícito.
Decenas de organizaciones acusan que se trata de la fabricación de un delito para acallar la lucha de la activista, quien es beneficiaria del mecanismo de protección de periodistas y defensores.
El tema no es menor y debe dar pauta a revisar posibles detenciones arbitrarias, el actuar de la Fiscalía General de Justicia, señalada por supuesta fabricación de delitos, y la necesidad de respetar y garantizar el trabajo de los defensores.
El Poder Judicial mexiquense tiene la obligación y responsabilidad de valorar las pruebas y emitir un fallo legal y no político, pues también esa institución ha sido señalada de emitir sentencias condenatorias, aun cuando no hay pruebas, pero sí personas injustamente presas.
El sistema de procuración y administración de justicia ha quedado a deber, tiene fallas y es necesario que las autoridades lo reconozcan y hagan lo necesario para garantizar que exista verdadera justicia en el Estado de México.
Una tarea pendiente y un reto enorme para la Fiscalía y para el Tribunal Superior de Justicia.
