El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, presentó ante el Congreso del Estado de México una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), con la cual busca modificar la distribución del poder dentro de la institución y establecer un modelo de elección directa de sus autoridades.

El proyecto, integrado por 68 artículos, siete títulos y tres disposiciones transitorias, plantea abrogar la legislación vigente desde el 3 de marzo de 1992, además de reformar el artículo 5 de la Constitución estatal y adicionar disposiciones al artículo 33 de la Ley de Educación mexiquense.

En la exposición de motivos, Octavio Martínez atribuye la necesidad de estos cambios a las inconformidades expresadas por sectores universitarios durante 2025, relacionadas con la concentración de decisiones, la representación de la comunidad y los señalamientos sobre presuntas irregularidades administrativas. La iniciativa constituye una propuesta legislativa que aún requiere análisis, consulta universitaria y eventual aprobación del Congreso.

Entre las modificaciones de mayor alcance, el legislador propone que la Rectoría y las direcciones de facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales y preparatorias sean electas mediante voto universal, libre, secreto y directo, con una ponderación que otorgaría dos votos de valor al sector estudiantil por cada uno correspondiente al personal académico o administrativo. El mecanismo está previsto en el artículo 41 y modificaría el sistema actual, bajo el cual el Consejo Universitario elige a la persona titular de Rectoría después de consultar a la comunidad.

La propuesta establece periodos improrrogables de cuatro años, alternancia obligatoria de género en rectoría y direcciones, así como restricciones para que quienes hayan concluido determinados cargos vuelvan a ocuparlos.

También exige a las personas aspirantes a Rectoría tener más de 30 años, maestría o doctorado, al menos cinco años de antigüedad universitaria y una separación mínima de 90 días respecto de cargos directivos. No obstante, el proyecto deja aspectos del cómputo electoral a la normatividad interna, lo que hace necesario precisar cómo se aplicaría la ponderación entre sectores de distinto tamaño.

Reconocer los paros universitarios

La iniciativa de Octavio Martínez también contempla una reconfiguración del Consejo Universitario, con dos representantes estudiantiles por cada organismo académico, centro universitario, unidad académica profesional y plantel de la Escuela Preparatoria, además de representantes del personal académico, directivos y asociaciones titulares de contratos colectivos.

Las consejerías electas tendrían una duración de dos años, sin reelección inmediata, mientras que las sesiones del máximo órgano de gobierno y sus comisiones serían públicas.

Para organizar las elecciones, el legislador plantea una Comisión Especial Electoral, designada mediante sorteo entre integrantes del Consejo, así como comités responsables de instalar urnas, recibir sufragios y publicar resultados.

El proyecto también reconoce expresamente los derechos a la libre asociación, la manifestación de ideas, la representación democrática y la protesta pacífica, incluidos los paros y las suspensiones temporales de actividades, conforme al marco legal.

Asimismo, prohíbe la discriminación por género, orientación sexual, origen étnico, discapacidad y condición económica, además de establecer medidas para favorecer la permanencia de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

En materia de responsabilidades universitarias, el diputado propone considerar faltas graves las conductas relacionadas con acoso sexual, hostigamiento, violencia sexual, violencia de género y ciberacoso, incluso cuando ocurran fuera de las instalaciones universitarias bajo los supuestos de vinculación institucional que establece el documento.

Las sanciones previstas incluyen amonestaciones, suspensiones, expulsiones, destituciones y terminación de relaciones laborales, además de la presentación de denuncias ante las autoridades competentes.

La iniciativa reconoce autonomía técnica a la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya persona titular sería designada por el Consejo Universitario a propuesta de Rectoría, y le atribuye facultades para recibir quejas, emitir recomendaciones y brindar orientación a la comunidad.

Sin embargo, el articulado no desarrolla todas las garantías para asegurar su independencia frente a las autoridades universitarias. También contempla mecanismos de mediación sin establecer expresamente las exclusiones que exige la legislación federal para controversias relacionadas con violencia contra las mujeres.

Cuotas escolares, auditorías y autonomía universitaria

Respecto al manejo de recursos, considera conveniente la eliminación progresiva de cuotas de inscripción, reinscripción y cobros escolares ordinarios, aunque su iniciativa no fija una fecha para alcanzar la gratuidad ni identifica los recursos que compensarían los ingresos que dejaría de percibir la Universidad.

El artículo 66 establece que los subsidios estatales no podrán ser inferiores a los ejercidos el año anterior, mientras que el Consejo Universitario tendría atribuciones para impulsar un presupuesto participativo y revisar informes financieros.

Además, el artículo 57 permitiría que estudiantes solicitaran auditorías internas sobre programas o actividades específicas, siempre que presenten una causa fundada y reúnan el respaldo de al menos 3% de la matrícula estudiantil inscrita, requisito que podría representar miles de firmas. La procedencia quedaría sujeta a una evaluación del Consejo Universitario.

El proyecto también contempla revisiones de las instancias fiscalizadoras competentes y conserva la designación de la persona titular del Órgano Interno de Control por el Congreso local, mediante el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes.

Otro de los ejes de la propuesta del diputado es establecer que cualquier modificación futura a la legislación universitaria deba contar con una consulta previa, libre e informada, organizada por la propia institución en un plazo máximo de 180 días naturales, antes de que el Consejo Universitario envíe un dictamen al Poder Legislativo.

La propuesta de Octavio Martínez será analizada junto con la presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, otra más que él mismo presentó el año pasado, una de MC y otra de Morena.

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