Al menos 35 militares de Estados Unidos ingresarán a México para participar en dos ejercicios de entrenamiento con fuerzas mexicanas durante 2026. Entre el personal autorizado se encuentran 23 integrantes del Equipo 8 de los Navy SEAL’s y 12 miembros de una unidad estadounidense de operaciones especiales; ambos grupos podrán portar armamento durante su estancia en el país.
El primer grupo estará integrado por 12 militares estadounidenses que permanecerán en México del 15 de julio al 15 de diciembre. Los entrenamientos se desarrollarán en instalaciones militares de Temamatla, San Miguel de los Jagüeyes y Santa Lucía, todas en el Estado de México. Su llegada y salida están programadas por la zona militar de Santa Lucía, aunque el decreto no detalla el tipo de armas que portarán ni las actividades específicas que realizarán durante los cinco meses.
La segunda misión contempla la llegada de 23 integrantes de los Navy SEAL’s con armamento y equipo militar. Un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Toluca el 1 de agosto para dejar al personal y su equipo. La aeronave regresará a Estados Unidos ese mismo día y volverá a la capital mexiquense el 16 de octubre para recoger a los militares.
Los Navy SEAL’s participarán en actividades de entrenamiento que incluyen operaciones marítimas, aéreas, combate terrestre y capacitación de fuerzas especiales. Parte de los ejercicios se efectuarán en Campeche, mientras que la última etapa tendrá como sede Donato Guerra, en el Estado de México, donde se realizarán prácticas de paracaidismo de caída libre. Las maniobras también abarcarán espacio aéreo del Edoméx, Hidalgo y la Ciudad de México.
Los calendarios de ambas misiones coincidirán entre agosto y octubre, por lo que hasta 35 militares estadounidenses armados estarán autorizados de manera simultánea en México. Tras concluir los entrenamientos, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina deberán presentar informes al Senado sobre los resultados. Los decretos señalan que las actividades tienen fines de capacitación militar y no mencionan operativos contra grupos criminales ni acciones de seguridad pública.
