La alcaldesa de Tenancingo, Nancy “N”, fue vinculada a proceso por un juez del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el Distrito Judicial de Tenancingo, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro simulado, en un caso que escaló de una denuncia por privación ilegal de la libertad a una investigación penal por un presunto montaje. La resolución judicial fue emitida tras la audiencia de imputación, en la que el juzgador determinó imponerle medidas cautelares y autorizar la suspensión condicional del proceso por un periodo de seis meses.

Entre las medidas impuestas por el juez se encuentran la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse al testigo y la obligación de residir en el domicilio acreditado ante la autoridad. Además, deberá prestar servicio social a favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública, someterse a la vigilancia judicial y firmar de manera trimestral ante el juzgado, durante los primeros cinco días del mes correspondiente, como parte de las condiciones fijadas para mantener la suspensión del proceso.

Audiencia a puerta cerrada por datos sensibles del caso

Este 9 de julio de 2026 se celebró la audiencia de imputación formal contra la edil en los Juzgados Penales de Tenancingo. Durante la diligencia, la defensa solicitó que la sesión se realizara de manera privada y a puerta cerrada, bajo el argumento de que la carpeta de investigación contiene información sensible cuya difusión podría afectar las indagatorias y alertar a dos presuntos implicados que permanecen prófugos: su esposo y su cuñado. El juez concedió la petición y ordenó desalojar a los medios de comunicación de la sala.

La decisión se dio en medio de un caso que ha mantenido atención política y judicial desde finales de mayo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México sostiene que la presidenta municipal no fue víctima de un secuestro real, sino que habría participado en la planeación de una privación de la libertad simulada junto con otras personas. La investigación ministerial apunta a que el episodio no sólo habría sido preparado con anticipación, sino que también estaría vinculado con un posible uso irregular de recursos públicos del ayuntamiento.

De denuncia de secuestro a una investigación por montaje

El caso comenzó el 31 de mayo de 2026, cuando Nancy Nápoles denunció haber sido privada de la libertad frente a su domicilio por hombres armados que se desplazaban en un Volkswagen Virtus rojo. De acuerdo con su versión inicial, los captores la obligaron a comunicarse con familiares para exigir un rescate de 40 millones de pesos a cambio de su liberación. Un día después, el 1 de junio, se reportó su localización con vida, luego de que supuestamente escapó de sus captores en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín.

Sin embargo, la narrativa cambió con el avance de las investigaciones de la FGJEM. Según la carpeta del caso, el análisis de videograbaciones y otros actos de investigación reveló que la alcaldesa habría abordado voluntariamente el vehículo en el que se trasladó, sin que se observaran actos de violencia en el momento. La Fiscalía también sostiene que, durante el trayecto, la propia funcionaria habría dado indicaciones para evitar cámaras de videovigilancia, mientras que el análisis telefónico documentó más de 130 llamadas entre integrantes de su círculo cercano, lo que, a juicio de la autoridad, apuntaría a una coordinación previa del plan desde febrero de 2026.

La hipótesis de la Fiscalía: cubrir un faltante de 40 millones

La principal línea de investigación de la Fiscalía mexiquense ubica como posible móvil del presunto autosecuestro la obtención de 40 millones de pesos mediante un supuesto rescate que, según declaraciones recabadas en la indagatoria, habría sido cubierto con recursos de la tesorería municipal. De acuerdo con esa hipótesis, el movimiento serviría para justificar un faltante financiero previo en las arcas del ayuntamiento, lo que abrió una vertiente paralela de revisión sobre el manejo del dinero público.

A partir de estos indicios, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Fiscalía de Combate a la Corrupción iniciaron auditorías e indagatorias relacionadas con la administración municipal de Tenancingo. El expediente ya no sólo involucra la denuncia original por secuestro, sino posibles implicaciones en materia de corrupción, desvío de recursos y responsabilidades administrativas, en un contexto que también ha tenido repercusiones en el terreno político.

El caso tuvo consecuencias al interior de Morena. A mediados de junio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido suspendió de oficio los derechos partidistas de Nancy Nápoles y la separó de su cargo como presidenta del Consejo Estatal de Morena en el Estado de México, mientras avanzaban las investigaciones. La medida representó un revés político para la alcaldesa, cuya permanencia en la vida pública quedó bajo presión por la dimensión penal y mediática del caso.

La investigación también tensó la relación entre la edil y la prensa local. Antes de su imputación, Nancy Nápoles promovió acciones legales contra periodistas de la región que habían documentado inconsistencias en la versión de su presunto secuestro. Esa confrontación elevó el nivel de polémica en torno al caso y colocó bajo el reflector no sólo la actuación de la autoridad ministerial, sino también el impacto político de una investigación que ahora mantiene a la alcaldesa vinculada a proceso, con medidas cautelares vigentes y un expediente abierto sobre uno de los episodios más delicados para un gobierno municipal mexiquense en lo que va de 2026.