El Gobierno del Estado de México recibirá este 2026 un subsidio federal superior a 16.3 millones de pesos para fortalecer acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Convenio de Coordinación y Adhesión firmado entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y la administración estatal.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece mecanismos de financiamiento, control financiero, transparencia y fiscalización sobre los recursos destinados a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en territorio mexiquense.
El convenio establece que la Federación transferirá al Estado de México 16 millones 376 mil 699.41 pesos mediante el Programa Presupuestario U008 “Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.
La bolsa nacional de ese programa asciende a 889 millones 98 mil 436 pesos para el ejercicio fiscal 2026.
El documento señala que los recursos deberán utilizarse exclusivamente en:
- Búsqueda de personas desaparecidas;
- Localización de personas no localizadas;
- Fortalecimiento institucional;
- Identificación humana;
- Coordinación operativa y técnica entre autoridades.
Además del subsidio federal, el gobierno mexiquense tendrá la obligación de aportar recursos estatales equivalentes al 12% del monto federal recibido, lo que representa: 1 millón 965 mil 203.93 pesos.
El convenio obliga a la entidad a depositar esa coparticipación en una cuenta bancaria específica y mantener separados los recursos estatales y federales para garantizar trazabilidad financiera y supervisión administrativa.
Recursos llegarán en dos ministraciones
La transferencia del subsidio no será inmediata ni total. El convenio establece dos etapas de entrega, la primera de 85% y la segunda entrega de 15%.
La liberación de recursos dependerá de disponibilidad presupuestal federal, validaciones administrativas y cumplimiento de lineamientos federales.
Uno de los puntos centrales del convenio establece que los recursos “no pierden su carácter federal” aunque sean transferidos al gobierno estatal. Eso implica que el dinero permanecerá sujeto a auditorías federales; supervisión de la Auditoría Superior de la Federación; fiscalización de la Secretaría de Hacienda; revisiones de órganos anticorrupción y control interno.
El acuerdo también obliga al Estado de México a transparentar el ejercicio del gasto mediante informes trimestrales, comprobación documental y publicación de información en portales oficiales.
Auditorías y reintegro de recursos
Por su parte, se establece que la administración estatal deberá acreditar cada gasto mediante: contratos; facturas; pedidos; comprobantes financieros; avances físicos y administrativos.
Además, los recursos no ejercidos al cierre de 2026 deberán devolverse a la Tesorería de la Federación (TESOFE), junto con los rendimientos financieros generados.
El convenio también contempla procedimientos de revisión en caso de incumplimiento de lineamientos o irregularidades en el manejo del subsidio.
Debido a la naturaleza del programa, el acuerdo incorpora cláusulas específicas de confidencialidad y protección de datos personales relacionados con víctimas y personas desaparecidas.
Las autoridades deberán resguardar información sensible, impedir transferencias indebidas de datos, utilizar los expedientes únicamente para fines de búsqueda y aplicar medidas de seguridad sobre registros y bases de datos.
El convenio se firma en medio de una presión creciente sobre autoridades federales y estatales para fortalecer mecanismos de búsqueda e identificación humana en una de las entidades con mayor densidad poblacional del país y con altos niveles de reportes de desaparición.
Aunque el acuerdo formaliza coordinación institucional y financiamiento específico, el monto asignado —poco más de 16 millones de pesos— refleja una capacidad presupuestal limitada frente a la dimensión del problema de desapariciones y las necesidades operativas de búsqueda, identificación forense y atención a víctimas.
El acuerdo permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las obligaciones financieras, administrativas y de comprobación continuarán hasta concluir auditorías y procesos pendientes.
FOTOS: DAVID VILLANUEVA
