Bandos excesivos
Resulta preocupante que los municipios tengan tanto desaseo al momento de integrar sus Bandos Municipales, que busquen cometer irregularidades, excesos, arbitrariedades e invadan el área penal y facultades exclusivas del Poder Legislativo.
Afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México hizo un exhaustivo análisis y detectó fallas en 80 bandos, por lo cual promovió acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
No es posible que los municipios intenten burlar la ley y afectar derechos fundamentales como la seguridad jurídica, el principio de legalidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes; así como el principio de interés superior de la infancia y adolescencia.
Todos los años se han encontrado “errores”, pero en esta ocasión rebasaron cualquier límite al incurrir en multas excesivas sin criterios claros, tratar de sancionar temas penales, invadir facultades del Congreso, y por si fuera poco, contemplar la posibilidad de privar de la libertad a niñas, niños y adolescentes, en el ámbito de la justicia cívica.
Es evidente que no hubo cuidado en la integración de los documentos y eso puede dar lugar a excesos y arbitrariedades. Preocupa que en este caso estén municipios como Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Isidro Fabela, Lerma, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, San Mateo Atenco, Teotihuacán, Texcoco, Toluca y Tultepec.
Ojalá pronto se invaliden los preceptos para que no haya tiempo de cometer irregularidades y que la Codhem siga pendiente.
Audiencias públicas
Recientemente el magistrado presidente del Poder Judicial de la entidad, Héctor Macedo dio a conocer la necesidad de elaborar un plan de contingencia para habilitar mediadores, juzgados paralelos y habilitar secretarios con funciones de jueces para despresurizar la carga de trabajo en los juzgados familiares.
Dijo que ya se está capacitando a mediadores para que estén en los juzgados y puedan reducir los casos sin necesidad de sentencias para disminuir la carga de trabajo y el tiempo entre una y otra audiencia, porque la ley habla de cinco días, pero se están tardando de uno o dos meses.
El tema no es nuevo, lleva años y en varios momentos se han establecido medidas que no han sido suficientes. Se debe reconocer la necesidad de más juzgados y personal especializado en la materia, y con ello, más presupuesto, pues en temas de justicia más que pensar en la austeridad, se deben gastar adecuadamente los recursos.
Elecciones judiciales y constitucionales
La semana pasada el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez, dejó ver la necesidad de separar la elección judicial de la constitucional por temas de operatividad que ya han evidenciado las autoridades electorales; sin embargo, al parecer la línea nacional buscará cargar el proceso con una elección más: la de revocación de mandato.
Hay quien dice que la ciudadanía está lo suficientemente politizada para votar en innumerables planillas, y sobre todo, en razonar su voto, pero se debe reconocer que en términos operativos esto podría no dar buenos resultados, y lejos de aumentar la participación ciudadana, se podría ahuyentar a la gente de las urnas.
El Estado de México poco podrá hacer al respecto si se aprueba tal cual el llamado Plan B de la reforma electoral, porque aún cuando puede legislar distinto, nunca de manera contradictoria y no hay que olvidar que además de las elecciones estatales están las federales.
El primer ejercicio de la elección judicial en la entidad mostró el poco interés de la ciudadanía para votar a quienes integran el Poder Judicial y quienes sufragaron lo hicieron sin conocer realmente las opciones de las boletas, por lo cual se espera que el Congreso revise y ajuste lo necesario para que todo funcione como corresponde.
