El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Francisco Vázquez Rodríguez, consideró que el Estado de México está alineado al Plan B de la reforma electoral que propuso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero dejó abierta la posibilidad de separar la elección judicial de las elecciones constitucionales para garantizar una mejor operatividad.
De no ser así, en junio del 2027 se renovarán los 125 ayuntamientos y el Congreso local junto con la elección de 30 magistraturas y 420 juzgadores. De hecho, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), ya solicitó al PJEM el listado de vacantes para ir preparando los comicios del siguiente año, desde ahora, por la magnitud de los comicios que se deberán llevar a cabo.
Toda ley, dijo, es perfectible y se busca llegar al ideal y avanzar en todo momento y en este caso se habla de dos casillas distintas en el mismo espacio y con reglas distintas.
“Creo que tenemos que esperar. Creo que puede ser conveniente el movimiento de fecha para que sea una elección totalmente independiente, autónoma y en beneficio. Pero si no es así, también estamos listos el Estado de México para poder cumplir con esos requisitos, lo que implicaría una logística mayor. Tan es así que como lo acaba de mencionar el presidente del tribunal, ya están pidiendo los datos para estar listos” acotó.
Operativamente complicaría, reconoció, porque se necesitarían casilleros diferentes, ya que no se puede usar la misma casilla para la elección constitucional como para la elección judicial, por lo que es necesario esperar cómo se va acomodando todo.
Respecto al Plan B consideró que el Estado de México está muy avanzado, sobre todo en la parte municipal, por la reducción de ediles que se hizo hace años. Sólo faltaría hacer ajustes a la baja en 11 municipios donde hay dos sindicaturas.
“Un plan B que en el Estado de México estamos ya adelantados en muchos temas” y en lo referente a la reducción de costos del Congreso local indicó que el Estado de México está por debajo del límite que se propone, pues sin el órgano de fiscalización su presupuesto representa el .46 por ciento y con el órgano el .54% , por lo cual no impacta ni afecta.
Sin embargo, siguen haciendo esfuerzos para reducir más los gastos, a partir de la compra de edificios para dejar de rentar y para eso han destinado los ahorros que han logrado en los últimos años y sus salarios están por debajo de lo que gana la gobernadora.
“No hay prerrogativas, tenemos nuestra dieta, tenemos nuestro apoyo legislativo, que nuestro apoyo legislativo se traduce en nuestros asesores, en nuestra gente, que necesitamos tener el empleo. También hablan de que en el presupuesto del Congreso pues está toda la gente de seguridad, la gente de limpieza, la gente de mantenimiento”.
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