Los compromisos financieros que tiene el Gobierno del Estado de México con la iniciativa privada por los Proyectos de Prestación de Servicio (PPS) y las Asociaciones Públicas Privadas (APP) estarán vigentes hasta el 2032 y con ello, pagos superiores a los 5 mil 600 millones de pesos al año.
En estos proyectos está la conservación de carreteras y vialidades en todo el Estado de México, que es donde existe mayor inconformidad porque no se ha cumplido con la prestación del servicio de manera eficiente y las vías de comunicación están llenas de baches, pese a que se ha pagado puntualmente.
Además, están los caminos del sur, la construcción y operación de algunos hospitales regionales, como es el de Zumpango, Toluca, Tlalnepantla y el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, entre otros.
Los primeros PPS se formalizaron en el 2007 y 2011, durante el mandato de Enrique Peña, con una vigencia de entre 21 y 27 años, y los caminos del sur en 2020, con 12 años de vida, durante el mandato de Alfredo del Mazo, pero no son los únicos proyectos que existen en el país, donde se contabilizan 77.
El problema, indicó la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, es que los acuerdos del Estado de México son los únicos que tienen una cláusula de no disponibilidad y los que no se han cumplido, especialmente los relacionados con las vialidades, mientras el gobierno les está pagando 150 millones de pesos mensuales por los PPS y 78 millones por el APP.
“Estos recursos podrían ser utilizados en otros programas sociales. Son contratos mañosos” por lo que pidió se considere su cancelación porque sólo afectan la economía de la entidad, por lo cual se consideran 5 mil 985.3 millones de pesos para el 2026.
El secretario de Finanzas, Óscar Flores Jiménez, admitió que, sí están revisando la posibilidad de cancelarlos, pero hacerlo de manera anticipada le costaría a la entidad 10 mil millones de pesos, por lo cual necesitan evaluar bien el tema y llegar a acuerdos con los empresarios encargados de estos trabajos.
“Estamos teniendo mucho cuidado y sabemos y conocemos quiénes son los dueños de estas Apps y de estos PPS creo que habrá condiciones para poder mitigar y conciliar el interés público y buscar estrategias que permitan mecanismos para fortalecer este tipo de proyectos” apuntó.
Ya existen mesas de trabajo donde se analiza el tema para no afectar los intereses del Estado de México, donde el primer paso es buscar acuerdos y el segundo ir por la vía legal, si es que resulta conveniente, con el fin de evitar a toda costa un “pleito jurídico”
Estos acuerdos de APP y PPS son un tema histórico, complicado, jurídica y administrativamente, y para el 2026 están considerando 5 mil 600 millones de pesos para este fin, pero los compromisos financieros vencen en el 2032 y eso seguirá costando.
“Lo estamos atendiendo y estamos llevando a cabo las mesas de trabajo al interior de la Junta de Caminos de la Secretaría de Movilidad y estamos avanzando en este tema y seguramente solicitaremos el acompañamiento de ustedes las y los diputados.
“Uno de los temas que se nos puso en la mesa es la complicación para cancelar anticipadamente estos contratos porque significa hacer frente a pagos del orden de 10 mil millones de pesos y por eso queremos ser exageradamente cuidadosos en su diligencia legal, administrativa y financiera para evitar que esto se pudiera asumir por parte del gobierno del estado” acotó.
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