El diputado Octavio Martínez Vargas exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), acelerar la investigación por el robo de 32 millones de pesos de las cuentas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (Trijaem), pues ya transcurrieron 20 meses y no se ha esclarecido el hecho ni tampoco se han deslindado responsabilidades.
Durante su participación en la sesión de la Diputación Permanente, el legislador consideró que hasta el momento sólo han puesto tras las rejas a un “chivo expiatorio”, acusado de abuso de confianza, cuando los documentos emitidos por el banco indican que la dispersión de los recursos, a cuentas en diversas entidades, se realizaron con el token del director de Administración del órgano, por lo que sería la persona directamente responsable.
De acuerdo con la información bancaria que mostró, en las transferencias se observa que el token usado fue el del director de administración, por lo cual no entiende como detuvieron a otra persona que nada tiene que ver con el tema.
Esto sumado a las inconsistencias en las declaraciones del titular del Tribunal, al tardar en denunciar el hecho, decir públicamente que fue un hackeo, cuando nadie externo vulneró la página ni las cuentas y luego decir que recuperaron el dinero, cuando se comprobó que el dinero salió, y minimizar en todo momento el caso como si fuese algo menor y hubiese sido solucionado.
Por ello lamentó que la FGJEM no haya llamado a declarar a Gerardo Becker Ania, como presidente del Trijaem y responsable de los recursos públicos que ahí se manejan, además tampoco ha rastreado las cuentas receptoras, ni ha determinado el destino del dinero, pues sólo ha detenido a una persona, de nombre Omar, por el delito de un supuesto abuso de confianza, sin investigar a los presuntos responsables directos.
La documentación bancaria, refirió el parlamentario, detalla que la dispersión del recurso fue mediante transferencias electrónicas que solo pueden realizarse por personal autorizado a través de token bancario, es decir la clave de seguridad, a partir de un aparato personal.
“El magistrado Becker mintió a sus compañeras y compañeros magistrados, a esta Soberanía, a la sociedad, al asegurar que había sido un hackeo, al ocultar que había habido un robo. Pero, además, es doblemente grave que el Tribunal encargado de sancionar las conductas contrarias a la ley en materia administrativa sea protagonista de un acto tan grave”, recriminó.
Al señalar al fiscal general que “la omisión también es complicidad”, el parlamentario advirtió que la falta de acción firme incumple el eje número uno del Plan de Desarrollo Estatal: Cero Corrupción y Estado de Derecho.
Asimismo, hizo un llamado a que, en las próximas etapas del Poder Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, donde habrá nuevos titulares, se demuestre la voluntad de sancionar a quienes resulten responsables, sin importar los cargos; sólo los hechos.
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