Infografía: Ignacio Hernández

Fotos: Haz Valer Mi Libertad

En el Estado de México la mayoría de las personas injustamente presas han sido víctimas de detenciones ilegales y de prácticas de tortura, muchas veces detenidas y hasta sentenciadas solo por el dicho de una persona.

La mayoría de esas personas fueron detenidas sin una orden de aprehensión, tienen en común ser de escasos recursos, con un bajo nivel educativo y muchas veces acusados de delitos de alto impacto.

El Primer Informe Sobre Personas Injustamente Presas en la entidad, elaborado a partir de cuestionarios a familiares de personas que se encuentran en prisión, pese a ser inocentes, muestra fallas en el sistema de justicia mexiquense y la criminalización de la pobreza.

El documento es autoría del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero e incluye estadísticas y testimonios, así como la petición a la Legislatura local de contribuir a dignificar el ejercicio de la justicia en el Estado de México con una Ley de Amnistía que sirva y un urgente llamado a detener prácticas de tortura.

“Las y los legisladores tienen en sus manos la posibilidad de hacerles justicia a quienes fueron discriminados por su color de piel, por su forma de vestir, por su aspecto; a quienes fueron torturados, a quién es la pobreza no les permitió pagar una extorsión, un abogado particular”, señala el documento.

LOS NÚMEROS

El informe advierte que mientras un 85% de las personas injustamente presas fueron detenidas de manera ilegal, un 66% sufrieron tortura y la mayoría de las detenciones fueron hechas por policías ministeriales estatales.

También muestra que el 68% de esas personas tienen educación básica, un 22% preparatoria y apenas un 4% licenciatura, y al momento de su detención el 74% no tenía un ingreso fijo.

El informe exhibe que existe fabricación de delitos, con lo cual también se niega el derecho de las víctimas a obtener justicia y construye un perfil socioeconómico y demográfico de las personas injustamente presas, cómo ocurre la detención, el proceso judicial y su situación al interior del penal.

DETENCIONES Y TORTURA 

Los cuestionarios arrojaron que en las detenciones arbitrarias muchas veces las personas son víctimas de tortura para obligarlos a declararse culpables y esas prácticas incluyen: golpes, asfixia con bolsa, cortes en el cuerpo, toques en órganos sexuales, piquetes en manos con plumas o alfileres, quemaduras.

 Sin embargo también detectaron prácticas como un ingreso a domicilios sin órdenes de cateo, en operativos ilícitos, con uso excesivo de fuerza, la complicidad entre agentes ministeriales y otros ciudadanos para tender trampas.

Incluso encontraron una nueva táctica: personas que se hacen pasar por trabajadores de instituciones, y engañan al señalar que ofrecen programas sociales o apoyos, por lo cual recaban datos personales que posteriormente son usados para culpar a las víctimas de algún delito.

Asimismo encontraron el uso de vehículos sin placas o taxis particulares para llevarse a personas, golpearlas y presentarlas ante el Ministerio Público y la detención de familiares que llegan a centros de justicia a preguntar por sus parientes.

EL PROCESO

El informe muestra que el segundo paso para fabricar culpables es la participación de autoridades judiciales que no declaran las detenciones como ilegales, ni respetan el derecho a una defensa adecuada, pues no permiten avisar a familiares, ni buscar defensores particulares, incurren en discriminación estructural.

Además, usan un testigo singular, es decir, alguien que señala a la persona como un supuesto agresor, y aún cuando su declaración no esté apoyada en ningún otro medio de prueba tiene valor probatorio pleno para la autoridad.

El informe arroja que existen testigos aleccionados, incluso amenazados para declarar contra una persona, la falta de investigación por parte de policías ministeriales, que a veces sólo buscan en redes como Facebook, la presentación de armas que a veces no son exhibidas o no tienen huellas dactilares.

LOS PREJUICIOS

El documento explica que hay un rechazo a discutir la Ley de Amnistía por prejuicios de quienes consideran a la población penitenciaria como un lastre, y por cuestiones como discriminación y valoraciones que relacionan la pobreza con una supuesta tendencia a la criminalidad.

También advierte que hay personas privadas de su libertad porque fueron reconocidas por rasgos, como el ser moreno, en un país donde la mayor parte de la población lo es, y pese a pruebas que demuestren su inocencia.

De paso, exhibe que al interior de los centros penitenciarios sacar dinero a las personas privadas de su libertad es cotidiano, pues hay cobros por visitas, por pase de lista, por el baño, por protección, por el derecho a tener artículos personales, o accesar a ciertas áreas; así como por tener un lugar donde dormir.

El informe también advierte un impacto psicológico en las familias que además enfrentan estigmatización social y un mayor temor por la actual pandemia, y concluye con una petición a la Legislatura de aprobar la Ley de Amnistía, pero también de recomendaciones al Poder Judicial para garantizar el debido proceso, respetar el derecho a la presunción de inocencia.

También eliminar el uso de testigos singulares, ponderar las pruebas donde los jueces no sean tendencioso, sino imparciales; no aleccionar, ni intimidar testigos, optar por investigación técnico-científica, garantizar defensas adecuadas, implementar la perspectiva de género en el proceso, evitar el uso excesivo de la prisión preventiva, no desestimar testigos de descargo, no justifica detenciones arbitrarias, capacitar intérpretes a lenguas indígenas, entre otras.

“Hoy tienen en sus manos la oportunidad de recomponer el pasado, de reconciliar a las instituciones con la sociedad”, advierten a las y los diputados.